Las empresas de alimentación, expectantes ante la obligatoriedad de informar al consumidor sobre el origen de sus productos

La CEG ha organizado una consulta para recabar la opinión de las empresas gallegas y ponerla en conocimiento de la Comisión Europea

En 2014 entrará en vigor un nuevo reglamento comunitario sobre información alimentaria. Esta norma busca ofrecer al consumidor una información clara, comprensible y adecuada sobre los productos alimenticios, a través de normas de etiquetado específicas.

Entre las indicaciones que contempla el reglamento se encuentra la obligatoriedad de informar sobre el nombre del alimento, la lista de los ingredientes y la fecha de caducidad. Otros aspectos, como la procedencia del producto, guardan, salvo excepciones, como en determinados tipos de productos cárnicos y aquellos que se elaboren con varios ingredientes, carácter voluntario. No obstante, en caso de posible duda o confusión del consumidor se debe precisar en el etiquetado el lugar de origen

Para determinar con exactitud los términos en que se debe indicar o no la procedencia, la Comisión elaborará este mismo año un desarrollo normativo. De manera previa ha abierto una consulta a nivel europeo para conocer la opinión de las empresas afectadas, cuya convocatoria en Galicia ha corrido a cargo de la CEG, como socio de la Entreprise Europe Network.

Impacto sobre las empresas de la norma

En este panel celebrado en la sede de la confederación han participado 15 empresas. En su opinión, informar sobre la procedencia de sus productos ofrece las siguientes ventajas: una valoración favorable por parte de los consumidores; un elemento de diferenciación para el producto y, por último, una imagen de calidad más fuerte. A estos efectos para la mayoría de las empresas consultadas el etiquetado permitirá también mejorar de manera significativa su competitividad en los mercados exteriores; una apreciación que se reduce hasta la mitad en relación con el mercado interno.

No obstante, la aplicación de esta normativa genera también ciertas dudas, por lo que las empresas solicitan condiciones especiales en su aplicación e incluso algunas exenciones. Dudas, por ejemplo, sobre el impacto económico que acarreará esta nueva normativa, al implicar mayores costes debido a las adaptaciones técnicas necesarias y a una dedicación que, según comentan, restará implicación de otros proyectos. Además se constata también cierta inquietud ante la posible disparidad de criterios a aplicar para indicar la procedencia, como puede ser aportar el país de origen de la materia prima o el de su procesado y transformación.

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